Se producen cuando una persona o empresa defrauda a la Administración tributaria o a la Seguridad Social, eludiendo el pago de impuestos, cuotas o prestaciones mediante engaño, ocultación u otras conductas fraudulentas.
Los delitos electorales abarcan aquellas conductas que alteran, manipulan o vulneran la legalidad del proceso electoral, afectando al derecho fundamental de participación política y al correcto funcionamiento del sistema democrático.
La malversación es un delito que se produce cuando una autoridad o funcionario público se apropia, utiliza indebidamente o da un destino distinto al debido a fondos o bienes públicos que tiene bajo su responsabilidad.
Se trata de una conducta que afecta directamente a la transparencia y al correcto funcionamiento de la Administración Pública.
El delito de cohecho se encuentra regulado en los arts. 419 a 427 bis del Código Penal y tienen como fin evitar que el interés privado influya en el ejercicio de funciones públicas, garantizando así la imparcialidad de la Administración.
La prevaricación de funcionarios públicos se encuentra regulada en los arts. 404 a 406 del Código Penal, que tratan de proteger el normal funcionamiento de la Administración Pública, de modo que actúe al servicio de los intereses generales y con pleno cometimiento a la ley (STS núm. 769/2022 de 15 septiembre).
