Delitos contra la Administración Pública

Delitos electorales

Los delitos electorales abarcan aquellas conductas que alteran, manipulan o vulneran la legalidad del proceso electoral, afectando al derecho fundamental de participación política y al correcto funcionamiento del sistema democrático. Entre estas conductas se incluyen el fraude electoral, la falsificación de resultados, la compra de votos o la coacción a electores, entre otras.

Se trata de procedimientos especialmente sensibles, ya que inciden directamente en la transparencia y legitimidad de las elecciones. Por ello, su investigación y enjuiciamiento requieren un análisis jurídico exhaustivo de los hechos, las pruebas y el contexto en el que se han producido.

Como abogada penalista, ofrezco asesoramiento y defensa especializada en procedimientos por delitos electorales, tanto en la defensa de personas investigadas o acusadas como en el estudio estratégico del caso desde sus primeras fases. Cada situación exige una actuación técnica, rigurosa y una estrategia de defensa adaptada a las circunstancias concretas.

Si te encuentras ante una investigación o acusación relacionada con delitos electorales, es fundamental actuar con rapidez y contar con asesoramiento legal especializado desde el primer momento. Mi compromiso es ofrecerte una atención cercana, confidencial y una defensa sólida, acompañándote durante todo el proceso con rigor, estrategia y profesionalidad.

Abogados penalistas expertos en delitos electorales

Los delitos electorales son aquellos que son cometidos durante un proceso electoral y no se encuentran regulados en el Código Penal, sino en la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General. A través de esta ley, se sancionan como infracción penal, entre otros, los siguientes comportamientos:

  1. Los funcionarios que incumplen las normas relacionadas con el procedimiento electoral, como las normas para la formación y conservación del censo electoral, las normas fijadas para la constitución de las Mesas y Juntas Electorales, las normas reguladoras de las votaciones y escrutinios…
  2. Los funcionarios que no extienden actas, certificaciones y otros documentos electorales previstos en la ley.
  3. Los funcionarios que suspenden sin causa justificada cualquier acto electoral o que niegan o retrasan indebidamente la admisión o resolución de reclamaciones.
  4. Los funcionarios que alteran el lugar o fecha en el cual debe celebrarse un acto electoral, que ocultan o alteran la papeleta electoral entregada por alguno de los electores, que proclaman indebidamente a personas, que consienten que alguien vote dos veces o que cometen cualquier otra falsedad electoral.
  5. Los particulares que infringen los trámites previstos para votar por correo o que participan en alguna falsedad electoral realizada por un funcionario.
  6. Los particulares que votan más de una vez o sin capacidad para hacerlo.
  7. El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales que no concurran a un acto electoral o que lo abandonen sin causa justificada.
  8. Los sujetos que realizan actos de propaganda electoral fuera del plazo de la campaña o que infringen las normas en materia de carteles electorales.
  9. Las personas que, ofreciendo una recompensa, soliciten el voto o abstención de algún elector o aquellos que presionen con violencia o intimidación a los electores para que no vayan a votar o voten en un determinado sentido.
  10. Los sujetos que perturban gravemente el orden en un acto electoral o que entran en los locales donde se celebra un acto electoral con armas.
  11. Los administradores de las cuentas electorales que se apropian o distraen fondos para fines distintos de los legalmente previstos.

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