Organizaciones y grupos criminales
Agrupaciones de origen y naturaleza delictiva, que en su mayoría carecen de forma jurídica alguna.
Delitos contra el orden público
Los delitos contra el orden público comprenden aquellas conductas que alteran la paz social, la convivencia ciudadana o el normal funcionamiento de las instituciones. Entre ellos se incluyen los desórdenes públicos, la resistencia o desobediencia a la autoridad y otras actuaciones que pueden generar situaciones de tensión o inseguridad en espacios públicos.
Tenencia, tráfico y depósito de armas y explosivos
Los delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, cuyo fin reside en proteger la seguridad ciudadana e, indirectamente, la vida e integridad de las personas.
Delito de desorden público
Son las conductas que alteran gravemente el orden social y la paz pública.
Delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad
Atentado contra la autoridad
Sanciones a las personas que agreden, o con intimidación grave o violencia, oponen resistencia grave a la autoridad
Más servicios de abogacía penal
Proceso penal
Asesoramiento y defensa en todas las fases del proceso penal, desde la investigación inicial hasta juicio, recursos y ejecución de sentencia.
Compliance penal
Diseño e implementación de programas de cumplimiento penal para empresas, previniendo delitos y reduciendo riesgos legales y responsabilidad corporativa.
Delitos contra las personas
Defensa en delitos como homicidio, lesiones o amenazas, protegiendo los derechos del cliente con estrategias legales sólidas y personalizadas.
Delitos contra la libertad
Asistencia en casos de detención ilegal, coacciones o amenazas, garantizando la protección de derechos fundamentales y una defensa eficaz.
Delitos contra la libertad sexual
El Código Penal distingue entre la agresión sexual y el abuso sexual. En ambos supuestos, la víctima era sometida a prácticas sexuales sin su consentimiento.
Delitos contra la intimidad
El derecho a la intimidad está protegido penalmente frente a conductas como la divulgación de imágenes o grabaciones sin consentimiento, la interceptación de comunicaciones privadas o el acceso ilegítimo a datos personales. Cualquier vulneración de este derecho puede constituir un delito perseguible.
Delitos contra las relaciones familiares
Los delitos contra las relaciones familiares abarcan un conjunto de conductas que afectan directamente a los deberes y derechos derivados del ámbito familiar, como el incumplimiento de obligaciones de asistencia, la sustracción de menores o el abandono de familia, entre otros.
Delitos patrimoniales
Los delitos patrimoniales comprenden un amplio conjunto de conductas ilícitas que afectan al patrimonio y a los bienes de las personas, como robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, daños o fraudes.
Delitos contra la Administración Pública
Abarcan aquellas conductas que atentan contra el correcto funcionamiento de las instituciones y el ejercicio imparcial de la función pública.
Delitos contra la Administración de Justicia
Delitos que afectan directamente a la confianza en el sistema judicial y al desarrollo adecuado de los procedimientos penales, por lo que pueden conllevar importantes consecuencias legales.
Delitos urbanísticos y contra el medio ambiente
Abarcan aquellas conductas que vulneran la normativa de ordenación del territorio, el urbanismo y la protección del entorno natural.
Delitos contra la seguridad y salud públicas
Aquellas conductas que ponen en riesgo la vida, la integridad física o la salud de la población en general. Se trata de actuaciones que pueden afectar a un colectivo amplio de personas, como la comercialización de productos peligrosos, el incumplimiento grave de normas sanitarias o la difusión de sustancias nocivas.
Delitos societarios y empresariales
Abarcan aquellas conductas ilícitas que se producen en el ámbito de las empresas y sociedades mercantiles, y que afectan a su correcto funcionamiento, a los socios, administradores o terceros.
Derecho penintenciario
El derecho penitenciario está formado por el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad impuestas por la comisión de un delito. Estas normas se encuentran, principalmente, en la Ley Orgánica General Penitenciaria y tienen, como objetivo provincial, la reeducación y la reinserción social de las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad, así como su custodia y retención.
Derecho penal internacional
En el ámbito del Derecho Penal, existen múltiples casos en los que es necesario prestar un asesoramiento legal de alcance global y que exigen del conocimiento de la normativa penal internacional y comunitaria para poder aplicarla correctamente.