Aunque no existe una obligación legal explícita para todas las empresas, contar con un programa de Compliance Penal es altamente recomendable para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector, ya que puede eximir o atenuar la responsabilidad penal en caso de comisión de delitos en su seno.
Compliance penal
Diseño e implementación de programas de cumplimiento penal para empresas, previniendo delitos y reduciendo riesgos legales y responsabilidad corporativa.
Sobre el Compliance Penal
Un programa efectivo debe incluir:
- Identificación de riesgos penales específicos de la empresa.
- Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir delitos.
- Designación de un órgano de control interno (Compliance Officer).
- Canal de denuncias, que proteja a los denunciantes.
- Planes de formación y comunicación para empleados y directivos.
- Mecanismos de supervisión y revisión periódica del programa.
Un abogado especialista en Compliance Penal diseña, implementa y supervisa programas de cumplimiento normativo, asesora en la gestión de riesgos penales y representa a la empresa en procedimientos judiciales relacionados con la responsabilidad penal de la misma.
Un abogado especialista en Compliance Penal puede diseñar e implementar programas de cumplimiento que, según el Código Penal, pueden eximir a la empresa de responsabilidad penal si se demuestra que se adoptaron las medidas adecuadas para prevenir los delitos antes de su comisión.
Más servicios de abogacía penal
Proceso penal
Asesoramiento y defensa en todas las fases del proceso penal, desde la investigación inicial hasta juicio, recursos y ejecución de sentencia.
Delitos contra las personas
Defensa en delitos como homicidio, lesiones o amenazas, protegiendo los derechos del cliente con estrategias legales sólidas y personalizadas.
Delitos contra la libertad
Asistencia en casos de detención ilegal, coacciones o amenazas, garantizando la protección de derechos fundamentales y una defensa eficaz.
Delitos contra la intimidad
El derecho a la intimidad está protegido penalmente frente a conductas como la divulgación de imágenes o grabaciones sin consentimiento, la interceptación de comunicaciones privadas o el acceso ilegítimo a datos personales. Cualquier vulneración de este derecho puede constituir un delito perseguible.