DELITOS CONTRA EL URBANISMO

Los delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio están regulados en los artículos 319 y 320 del Código Penal. Estas leyes protegen el sistema público de asignación de usos del suelo con el objetivo de asegurar una planificación racional y equilibrada del entorno. Se trata de una materia que, además de estar regulada por el Derecho penal, depende del Derecho administrativo. Por lo tanto, para determinar si una conducta constituye un delito urbanístico según el Código Penal, es necesario conocer también la normativa administrativa vigente en el momento de los hechos.

¿Qué es un delito urbanístico según el Código Penal?

El delito de urbanización ilegal se encuentra tipificado en el artículo 319 del Código Penal. Este artículo sanciona a promotores, constructores o técnicos directores que realizan obras de urbanización, construcción o edificación que no son autorizables. La pena aplicable varía en función del tipo de suelo donde se ejecutan las obras:

• Suelos de especial protección: Si las obras se realizan en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público, o en lugares de valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, la pena es de prisión de 1 año y 6 meses a 4 años, multa de 12 a 24 meses, o del tanto al triple del beneficio obtenido, y una inhabilitación especial para profesión u oficio por 1 a 4 años.
• Suelos no urbanizables: Si las obras se realizan en suelos no urbanizables, la pena de prisión es de 1 a 3 años, manteniéndose el importe de la multa y la pena de inhabilitación especial.

En ambos casos, para que se considere delito, las obras no deben ser autorizables, lo que significa que no se penalizan las obras que, aunque se realicen sin la licencia necesaria, cumplen con los requisitos para obtenerla. El Juez también puede ordenar la demolición de la obra y decomisar las ganancias derivadas del delito urbanístico.

Las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables de este delito, enfrentándose a multas de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del beneficio obtenido. Además, pueden imponerse penas adicionales como la disolución de la empresa, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar actividades en el futuro, inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas, e intervención judicial.

Tipos de delitos contra el urbanismo y sus consecuencias legales

Los delitos contra el urbanismo, recogidos en el Código Penal, engloban diversas acciones que infringen las normativas urbanísticas y medioambientales.

Delito de prevaricación urbanística

El delito de prevaricación urbanística, regulado en el artículo 320 del Código Penal, sanciona a las autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, cometan irregularidades en la aprobación o concesión de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación o construcción, o en la concesión de licencias que contravengan las normas de ordenación territorial o urbanística. También se sanciona el silenciar infracciones o la omisión de inspecciones obligatorias.

Los responsables de este delito enfrentan penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 9 a 15 años, prisión de 1 año y 6 meses a 4 años, y multa de 12 a 24 meses.

Ejemplos de este delito incluyen conceder una licencia para construir en un suelo de uso específico diferente al otorgado, como un Alcalde que aprueba la construcción de un hotel en una parcela destinada a uso escolar, o los concejales que votan a favor de edificar en suelo no urbanizable.