Derecho penal internacional

Asesoramiento y defensa en todas las fases del proceso penal, desde la investigación inicial hasta juicio, recursos y ejecución de sentencia.

Diseño e implementación de programas de cumplimiento penal para empresas, previniendo delitos y reduciendo riesgos legales y responsabilidad corporativa.

Defensa en delitos como homicidio, lesiones o amenazas, protegiendo los derechos del cliente con estrategias legales sólidas y personalizadas.

Asistencia en casos de detención ilegal, coacciones o amenazas, garantizando la protección de derechos fundamentales y una defensa eficaz.

El Código Penal distingue entre la agresión sexual y el abuso sexual. En ambos supuestos, la víctima era sometida a prácticas sexuales sin su consentimiento.

El derecho a la intimidad está protegido penalmente frente a conductas como la divulgación de imágenes o grabaciones sin consentimiento, la interceptación de comunicaciones privadas o el acceso ilegítimo a datos personales. Cualquier vulneración de este derecho puede constituir un delito perseguible.

Los delitos contra las relaciones familiares abarcan un conjunto de conductas que afectan directamente a los deberes y derechos derivados del ámbito familiar, como el incumplimiento de obligaciones de asistencia, la sustracción de menores o el abandono de familia, entre otros.

Los delitos patrimoniales comprenden un amplio conjunto de conductas ilícitas que afectan al patrimonio y a los bienes de las personas, como robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, daños o fraudes.

Abarcan aquellas conductas que atentan contra el correcto funcionamiento de las instituciones y el ejercicio imparcial de la función pública.

Delitos que afectan directamente a la confianza en el sistema judicial y al desarrollo adecuado de los procedimientos penales, por lo que pueden conllevar importantes consecuencias legales.

Abarcan aquellas conductas que vulneran la normativa de ordenación del territorio, el urbanismo y la protección del entorno natural.

Aquellas conductas que ponen en riesgo la vida, la integridad física o la salud de la población en general. Se trata de actuaciones que pueden afectar a un colectivo amplio de personas, como la comercialización de productos peligrosos, el incumplimiento grave de normas sanitarias o la difusión de sustancias nocivas.

Abarcan aquellas conductas ilícitas que se producen en el ámbito de las empresas y sociedades mercantiles, y que afectan a su correcto funcionamiento, a los socios, administradores o terceros.

Los delitos contra el orden público comprenden aquellas conductas que alteran la paz social, la convivencia ciudadana o el normal funcionamiento de las instituciones. Entre ellos se incluyen los desórdenes públicos, la resistencia o desobediencia a la autoridad y otras actuaciones que pueden generar situaciones de tensión o inseguridad en espacios públicos.

El derecho penitenciario está formado por el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad impuestas por la comisión de un delito. Estas normas se encuentran, principalmente, en la Ley Orgánica General Penitenciaria y tienen, como objetivo provincial, la reeducación y la reinserción social de las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad, así como su custodia y retención.