El Código Penal prevé una modalidad específica del delito de daños, cuya conducta típica consiste en borrar, dañar, alterar o hacer inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, sin autorización, ocasionando un daño grave. Este comportamiento se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años, pena que puede incrementarse si concurren determinadas circunstancias (que los hechos se cometan dentro de una organización criminal, que hayan resultado afectados muchos sistemas informáticos, que se haya perjudicado el funcionamiento de servicios públicos esenciales…
Asimismo, se sanciona con la misma pena a la persona que, sin estar autorizada y de manera grave, obstaculiza o interrumpe el funcionamiento de un sistema informático ajeno realizando alguna de las conductas previamente descritas, introduciendo o transmitiendo datos, o destruyendo, dañando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica. Esta modalidad también se castiga con mayor pena si concurren determinadas circunstancias, como las indicadas en el párrafo anterior.
Por último, se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses al sujeto que, sin estar debidamente autorizado, produce, adquiere para su uso, importa o facilite a terceros programas informáticos o códigos de acceso con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos indicados previamente.
El delito de daños informáticos puede generar responsabilidad penal de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en el art. 264 quater del Código Penal. La pena aplicable a la persona jurídica en ese caso es de multa de 2 a 5 años o del quíntuplo a 12 veces el valor del perjuicio causado (si el delito se castiga con pena de prisión de más de 3 años), o multa de 1 a 3 años o del triple a 8 veces el valor del perjuicio causado (en el resto de los casos). Además, el Juez puede imponer a la persona jurídica la pena de disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar determinadas actividades en el futuro, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas e intervención judicial.