El Consejo de Ministros se dispone a aprobar el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), una reforma de gran alcance que transformará el modelo de justicia penal vigente en España desde hace más de 140 años. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en 1882 por Manuel Alonso Martínez, dará paso a un sistema completamente renovado que redefine el papel de jueces y fiscales en las investigaciones penales.
Con la llegada de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, es fundamental contar con abogados penalistas actualizados que comprendan el alcance de las reformas y sepan actuar con eficacia en cada fase del proceso. En Nieto Enríquez Abogados Penalistas, abogados penalistas en Barcelona, te ofrecemos asesoramiento especializado, atención personalizada y una amplia experiencia en procedimientos penales complejos.
Una reforma estructural del proceso penal
El nuevo texto legal introduce una de las novedades más significativas del sistema judicial español: la dirección de la investigación de los procesos penalespasará a los fiscales, lo que supondrá la desaparición de los jueces de instrucción, tal y como los conocemos.
De este modo, el Ministerio Fiscal asumirá la conducción de las pesquisas, con autoridad para decidir a quién investigar, qué diligencias practicar y durante cuánto tiempo mantenerlas. Para desempeñar esa función contará con la Policía Judicial bajo su dependencia funcional, incluyendo unidades especializadas como la UCO y la UDEF.
El nuevo modelo mantiene el control judicial, aunque en una forma distinta. Un juez de garantías autorizará todas aquellas actuaciones que afecten derechos fundamentales, como registros domiciliarios o intervenciones telefónicas, y vigilará que el fiscal actúe dentro de los márgenes constitucionales. Posteriormente, un juez en la audiencia preliminar decidirá si procede abrir juicio oral.
Una entrada en vigor gradual: prevista para 2028
El proyecto contempla una vacatio legis prolongada, con el objetivo de facilitar la adaptación del sistema judicial a la nueva estructura. Si supera el trámite parlamentario, la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2028.
Esto significa que los procedimientos iniciados antes de esa fecha continuarán rigiéndose por la normativa actual.
El texto legal también aclara que el cambio no afectará al mandato del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que expira en 2027. En comparación, el anteproyecto anterior elaborado por Juan Carlos Campo preveía una vacatio legis de ocho años.
Reforzar la independencia del Ministerio Fiscal
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la intención de fortalecer su autonomía y dotar de mayor transparencia al sistema.
El mandato del fiscal general del Estado se amplía de cuatro a cinco años, en línea con las recomendaciones del GRECO (Consejo de Europa) y la Comisión Europea, para desvincularlo del ciclo político de los gobiernos. Además, el cese del fiscal general solo podrá producirse por causas específicas: renuncia, expiración del mandato o incumplimiento grave de funciones, siempre con informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Ejecutivo no podrá impartir instrucciones sobre casos concretos, y las comunicaciones generales deberán ser públicas y registradas. Asimismo, la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio al del fiscal general si obtiene el apoyo de tres quintas partes de sus miembros.
Los nombramientos, ascensos y sanciones graves quedarán bajo responsabilidad directa del fiscal general, y la selección de los fiscales instructores se hará mediante criterios objetivos y verificables.
Cambios en la acción popular y el tribunal del jurado
La nueva Lecrim redefine el alcance de la acción popular, limitando quién puede ejercerla. Los partidos políticos, sindicatos y entidades públicas quedarán excluidos, permitiendo su ejercicio solo a los ciudadanos y únicamente en determinados delitos, como los de corrupción, violencia de género, odio, financiación ilegal de partidos o delitos contra los consumidores.
El texto legal también unifica en una misma norma la regulación del tribunal del jurado, que hasta ahora se encontraba en una ley independiente. Se elimina, no obstante, el delito de allanamiento de morada de los casos susceptibles de ser juzgados por jurado, al haberse incorporado al procedimiento de juicio rápido.
Inteligencia artificial y nuevas herramientas periciales
Otro de los pilares de la reforma es la digitalización del proceso penal. La futura ley incorpora el uso de tecnologías avanzadas en la investigación criminal, incluyendo el análisis genético, la toxicología, las huellas dactilares, las evidencias digitales, la identificación biométrica remota y el empleo de sistemas de inteligencia artificial en la gestión de datos y pruebas.
El objetivo es actualizar las herramientas del sistema judicial sin comprometer las garantías procesales ni los derechos fundamentales de las personas investigadas.
Un nuevo paradigma para la justicia penal española
Este intento legislativo es el tercero en dos décadas. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró un anteproyecto bajo la dirección de Francisco Caamaño y Juan Carlos Campo. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó otro texto, coordinado por el magistrado Manuel Marchena, que tampoco prosperó. Más tarde, Campo volvió a retomarlo en 2020, aunque su sucesora, Pilar Llop, detuvo el proceso.
Con el proyecto actual, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, busca culminar una reforma largamente aplazada, con la que España abandonaría un modelo de instrucción judicial propio del siglo XIX para adoptar un sistema alineado con los estándares europeos, en el que el Ministerio Fiscal lidera la investigación.
En palabras del ministro, la nueva ley pretende equilibrar eficacia, independencia y respeto a los derechos fundamentales, configurando un modelo más ágil y garantista.
Una oportunidad para modernizar la justicia penal
La aprobación de esta ley supondrá un cambio estructural sin precedentes en la justicia española. De prosperar, marcará el inicio de una nueva etapa en la que los fiscales asumen el protagonismo en la investigación penal y se refuerza la independencia institucional del Ministerio Fiscal.
Abogada Penalista – Socia fundadora del despacho NIETO ENRIQUEZ Abogados Penalistas. Lidera un equipo de abogados especializados en Derecho Penal y Compliance. Cuenta con amplia experiencia en la dirección jurídica de todo tipo de asuntos penales y en la elaboración de programas de prevención de delitos e imparte formaciones a directivos y empleados en esta materia.
